Por la senda de la legalidad

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Escrito por Mayuri Martín García

Los gobiernos locales de cada municipio y las oficinas territoriales del Instituto de Planificación Física (IPF), se han dado la mano para erradicar un cúmulo de ilegalidades en materia constructiva que afectan el orden y la estética urbanística de la provincia de Matanzas.

Más de mil violaciones se han encontrado en los edificios multifamiliares del municipio de Matanzas, comenta el director de esta oficina Yusdán Fundora Alfonso. “Las mismas serán restituidas paulatinamente hasta dejar los inmuebles en el estado inicial, como lo diseñó el proyectista”.

Una de las infracciones más recurrentes y más peligrosas es la construcción de ampliaciones o habitaciones en las áreas comunes.

El ingeniero Pedro Pablo Pérez Santo, subdirector técnico de IPF provincial, explica que como estas se encuentran sobre las redes técnicas que abastecen de electricidad y en algunos casos, gas, también conducen las aguas negras y blancas, resulta imposible darles mantenimiento o revisar las averías.

Terrazas, portales, ampliaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia, escaleras en aceras, puertas fuera de lugar, cambio de imagen de las fachadas, obstrucciones en los pasos de escaleras, cuartos, caballerizas, se irán demoliendo poco a poco, sostienen ambos especialistas.

La tarea de la institución y los grupos creados a tales efectos se ampara en varios documentos legales, no solo la Resolución 59 y el Decreto 272 de 2011: Contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbanismo, sino también en uno más específico.

“Existe un reglamento para los edificios multifamiliares que establece cómo deben usarse las áreas comunes. Todas las infracciones, aunque lleven años, hay que resarcirlas”, sostiene Pérez Santo.

Yusdán Fundora aclara que “con el ordenamiento se logran cercados uniformes que protegen la instalación e incluso se evitan conflictos entre vecinos, las áreas comunes tienen que quedar libres para los mantenimientos a los tanques sépticos que requieren del acceso de un equipo especializado. Por ejemplo, al reparto Camilo se le asignó una inversión para reparar redes de desagüe y no se logró su ejecución”.

Si bien, muchos concluyeron que con el traspaso de funciones de Vivienda a IPF la disciplina se resquebrajaría, lo cierto es que las labores de restablecimiento del orden urbanístico continúan, ahora unidos los inspectores de los dos sistemas.

“Desmantelar estas construcciones, en algunos casos hasta de tres pisos, implica una evaluación técnica para ir retirando las estructuras, porque se pueden dañar las tuberías”, asegura Pérez Santo.

Los estudios señalan que la mayoría de las familias no presentan problemas reales de hacinamiento. “Cuando realizamos el levantamiento de las ilegalidades en el municipio cabecera, muy pocas personas tenían hacinamiento. Los hay que no caben dentro del apartamento, pero son los menos. La mayoría ha agrandado su espacio por otras razones.

“Tiempo atrás se autorizaron los garajes temporales a aquellos propietarios de autos, hasta que se resolviera uno definitivo. Hoy existen tres proyectos para la edificación de parqueos protegidos y colectivos: uno en Jagüey Grande y dos en Matanzas. En la medida que se vaya ordenando el asunto se irán eliminando los provisionales”.

OÍDOS RECEPTIVOS

Aunque las demoliciones pueden acarrear insatisfacciones en la población pues las personas pierden dinero invertido y emplean otro tanto en la recogida de escombros y reparación, notable ha resultado la disposición de los incumplidores por resolver el problema, manifiestan los especialistas.

“Cuando se les explica en detalles el daño que causan, la mayoría autodemuele. Tenemos lugares donde no hemos tenido ni que aplicar la multa. El ejemplo de la provincia es el asentamiento de Triunvirato, allí no quedan ilegalidades, afirma Pérez Santo.

Según el cronograma de la institución las infracciones de personas jurídicas deben quedar suprimidas durante el presente año, las de personas naturales se irán resolviendo paulatinamente. Se partirá de los más sencillo a lo más complejo.

Sostiene Yusdán que la intención es ir corrigiendo cada edificio y luego darle mantenimiento a la estructura. “Tenemos identificados con nombres cada infracción y programado su derribo, acordadas las fechas, las empresas y autoridades que asistirán, todo ello aprobado por el Consejo de la Administración Municipal y su comisión de ilegalidades.

“Las personas que no autodemuelan se le cobrarán los gastos de la ejecución, según lo establece la disposición especial primera del decreto 272/2011.

Amén de que el trabajo de desmonte asegura el orden, lo más racional es no tener que llegar a tal punto, sino impedir el crecimiento de los errores. Por ello la labor preventiva y educativa debe incrementarse.

Lograr la unidad de pensamiento y enfocar los esfuerzos de todos los factores de la comunidad en pos de la disciplina abarca también las distorsiones en materia constructiva. Alcanzar una sociedad limpia y organizada es finalmente el propósito de los habitantes en cualquier lugar del mundo.

Tomado de Girón

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Acerca de yirmara2015

Periodista. Editora del sitio web de Radio 26. Matancera, del campo y la ciudad... Yirmara Torres en Facebook y @yirmaratorres en Twitter

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